El Consejo Económico y Social de España (CES) ve necesario reforzar la participación de los interlocutores sociales en la reforma de la formación profesional, según contempla el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de ordenación e integración de la FP, aprobado por el Pleno a finales de julio.

El Consejo afirma que la reforma requiere consensos amplios en el marco del diálogo social y en el plano político parlamentario para lograr un efectivo desarrollo reglamentario y garantizar una suficiente financiación del sistema: objetivos que van más allá de los tiempos políticos.

Entre otros desafíos, el Anteproyecto pretende un sistema de formación profesional único e integrado que supere la actual organización en dos sistemas diferenciados, la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo.

Otro objetivo pasaría por reducir la todavía elevada proporción de población que posee un nivel bajo de cualificación y por aumentar la proporción de quienes poseen cualificaciones intermedias y altas, de manera que se adaptaría la estructura formativa a las competencias que demandarán los empleos en los próximos años.

Asimismo, aspira a fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, a luchar contra la desigualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y a atender a necesidades especiales de colectivos con dificultades de inserción social y laboral.

En términos generales, al Consejo le merece una valoración positiva la iniciativa normativa en tanto que actualiza el sistema de FP, así como los objetivos y fines que persigue la reforma proyectada, sobre todo a la hora de ofrecer a las personas el acceso a una formación profesional de calidad y de permitir a las empresas contar con las personas trabajadoras que se demandan para cubrir los puestos de trabajo. Sin embargo, estima que el procedimiento de consulta seguido no es adecuado.

Sea como fuere, el Consejo perciba el texto del Anteproyecto como un punto de partida prometedor para una actualización del sistema de FP que sea capaz de responder a los importantes retos que marcan las transiciones digital y ecológica, y de contribuir a la recuperación económica post-Covid, además de generar sinergias dentro de una palanca de transformación como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El Anteproyecto viene a culminar las políticas de impulso y modernización de la FP que se han venido acometiendo en los últimos años dirigidas a actualizar y transformar el sistema de FP. En este sentido, dada la ambición de la norma propuesta, el CES entiende que debería garantizarse una financiación suficiente y estable que permita el logro de los objetivos y fines establecidos en la misma. Además, la articulación adecuada del esquema de financiación debería asegurar el desarrollo y mantenimiento del nuevo sistema a medio y largo plazo, dando respuesta a una demanda de inversión suficiente para hacer frente a los retos de adaptación contemplados en la norma.

En cuanto a la integración de la FP en un sistema único, el Consejo piensa que se trata de un objetivo tan ambicioso y complejo como necesario, que dista aún de conseguirse con la actual redacción del Anteproyecto.

Y puntualiza que esta cuestión central del Anteproyecto es uno de los elementos clave de debate que se está abordando actualmente en la Mesa de Diálogo Social, pudiendo dar lugar a una modificación sustancial de las previsiones contenidas en el texto.

La reforma del sistema busca un mayor equilibrio y ajuste entre la oferta y la demanda laboral para crear más y mejor empleo, para lo que el Consejo plantea un sistema nacional coordinado de prospección de las necesidades que demandan las empresas y otros entornos productivos, y su articulación con las ofertas de formación, las cuales requieren, a su vez, de mecanismos de actualización curricular ágiles.

Por otra parte, a juicio del CES, el tratamiento de la igualdad de oportunidades de la formación profesional que se realiza en el Anteproyecto resulta insuficiente y fragmentado, siendo necesario que se dote a la norma de un enfoque integral, que recoja las obligaciones en materia de educación inclusiva y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema nacional de formación profesional.

En paralelo, el CES valora positivamente que el Anteproyecto reconozca a los interlocutores sociales como actores relevantes para la transformación global del sistema, pero considera que debería dotarse de mayor coherencia al articulado referido a su papel en la gobernanza, especificándose de manera clara que cuentan con potestad decisoria tanto en su diseño como en su gestión y seguimiento.

En el momento de recibirse en el Consejo la solicitud de este Dictamen, la reforma proyectada estaba en negociación en la Mesa tripartita de diálogo social para la formación profesional, en la que se están abordando numerosos aspectos de calado. Esta circunstancia puede determinar que el texto del Anteproyecto sometido a dictamen del CES no sea definitivo, lo que, de producirse, limitaría el ejercicio pleno de las competencias consultivas y de participación de este Órgano, que, además, no puede ni debe condicionar la dinámica del diálogo social autónomo que se está desarrollando entre el Gobierno (a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional) y los interlocutores sociales.

De ahí que el Consejo critique el tratamiento que se le ha dado como un organismo más en el proceso de consulta pública y considere pertinente pronunciarse en este Dictamen únicamente acerca de las líneas generales de la reforma del sistema de la FP que se proyecta, mediante observaciones asimismo de carácter general, sin que proceda entrar a valorar cuestiones más concretas, aunque no menos importantes, contenidas en el articulado del Anteproyecto.

El Consejo Económico y Social de España (CES) ve necesario reforzar la participación de los interlocutores sociales en la reforma de la formación profesional, según contempla el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de ordenación e integración de la FP, aprobado por el Pleno a finales de julio.

El Consejo afirma que la reforma requiere consensos amplios en el marco del diálogo social y en el plano político parlamentario para lograr un efectivo desarrollo reglamentario y garantizar una suficiente financiación del sistema: objetivos que van más allá de los tiempos políticos.

Entre otros desafíos, el Anteproyecto pretende un sistema de formación profesional único e integrado que supere la actual organización en dos sistemas diferenciados, la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo.

Otro objetivo pasaría por reducir la todavía elevada proporción de población que posee un nivel bajo de cualificación y por aumentar la proporción de quienes poseen cualificaciones intermedias y altas, de manera que se adaptaría la estructura formativa a las competencias que demandarán los empleos en los próximos años.

Asimismo, aspira a fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, a luchar contra la desigualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y a atender a necesidades especiales de colectivos con dificultades de inserción social y laboral.

En términos generales, al Consejo le merece una valoración positiva la iniciativa normativa en tanto que actualiza el sistema de FP, así como los objetivos y fines que persigue la reforma proyectada, sobre todo a la hora de ofrecer a las personas el acceso a una formación profesional de calidad y de permitir a las empresas contar con las personas trabajadoras que se demandan para cubrir los puestos de trabajo. Sin embargo, estima que el procedimiento de consulta seguido no es adecuado.

Sea como fuere, el Consejo perciba el texto del Anteproyecto como un punto de partida prometedor para una actualización del sistema de FP que sea capaz de responder a los importantes retos que marcan las transiciones digital y ecológica, y de contribuir a la recuperación económica post-Covid, además de generar sinergias dentro de una palanca de transformación como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Financiación del sistema

El Anteproyecto viene a culminar las políticas de impulso y modernización de la FP que se han venido acometiendo en los últimos años dirigidas a actualizar y transformar el sistema de FP. En este sentido, dada la ambición de la norma propuesta, el CES entiende que debería garantizarse una financiación suficiente y estable que permita el logro de los objetivos y fines establecidos en la misma. Además, la articulación adecuada del esquema de financiación debería asegurar el desarrollo y mantenimiento del nuevo sistema a medio y largo plazo, dando respuesta a una demanda de inversión suficiente para hacer frente a los retos de adaptación contemplados en la norma.

Integrar la FP en un sistema único

En cuanto a la integración de la FP en un sistema único, el Consejo piensa que se trata de un objetivo tan ambicioso y complejo como necesario, que dista aún de conseguirse con la actual redacción del Anteproyecto.

Y puntualiza que esta cuestión central del Anteproyecto es uno de los elementos clave de debate que se está abordando actualmente en la Mesa de Diálogo Social, pudiendo dar lugar a una modificación sustancial de las previsiones contenidas en el texto.

Sistema nacional de prospección

La reforma del sistema busca un mayor equilibrio y ajuste entre la oferta y la demanda laboral para crear más y mejor empleo, para lo que el Consejo plantea un sistema nacional coordinado de prospección de las necesidades que demandan las empresas y otros entornos productivos, y su articulación con las ofertas de formación, las cuales requieren, a su vez, de mecanismos de actualización curricular ágiles.

Por otra parte, a juicio del CES, el tratamiento de la igualdad de oportunidades de la formación profesional que se realiza en el Anteproyecto resulta insuficiente y fragmentado, siendo necesario que se dote a la norma de un enfoque integral, que recoja las obligaciones en materia de educación inclusiva y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema nacional de formación profesional.

En paralelo, el CES valora positivamente que el Anteproyecto reconozca a los interlocutores sociales como actores relevantes para la transformación global del sistema, pero considera que debería dotarse de mayor coherencia al articulado referido a su papel en la gobernanza, especificándose de manera clara que cuentan con potestad decisoria tanto en su diseño como en su gestión y seguimiento.

En el momento de recibirse en el Consejo la solicitud de este Dictamen, la reforma proyectada estaba en negociación en la Mesa tripartita de diálogo social para la formación profesional, en la que se están abordando numerosos aspectos de calado. Esta circunstancia puede determinar que el texto del Anteproyecto sometido a dictamen del CES no sea definitivo, lo que, de producirse, limitaría el ejercicio pleno de las competencias consultivas y de participación de este Órgano, que, además, no puede ni debe condicionar la dinámica del diálogo social autónomo que se está desarrollando entre el Gobierno (a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional) y los interlocutores sociales.

De ahí que el Consejo critique el tratamiento que se le ha dado como un organismo más en el proceso de consulta pública y considere pertinente pronunciarse en este Dictamen únicamente acerca de las líneas generales de la reforma del sistema de la FP que se proyecta, mediante observaciones asimismo de carácter general, sin que proceda entrar a valorar cuestiones más concretas, aunque no menos importantes, contenidas en el articulado del Anteproyecto.

El Consejo Económico y Social de España (CES) ve necesario reforzar la participación de los interlocutores sociales en la reforma de la formación profesional, según contempla el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de ordenación e integración de la FP, aprobado por el Pleno a finales de julio.

El Consejo afirma que la reforma requiere consensos amplios en el marco del diálogo social y en el plano político parlamentario para lograr un efectivo desarrollo reglamentario y garantizar una suficiente financiación del sistema: objetivos que van más allá de los tiempos políticos.

Entre otros desafíos, el Anteproyecto pretende un sistema de formación profesional único e integrado que supere la actual organización en dos sistemas diferenciados, la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo.

Otro objetivo pasaría por reducir la todavía elevada proporción de población que posee un nivel bajo de cualificación y por aumentar la proporción de quienes poseen cualificaciones intermedias y altas, de manera que se adaptaría la estructura formativa a las competencias que demandarán los empleos en los próximos años.

Asimismo, aspira a fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, a luchar contra la desigualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y a atender a necesidades especiales de colectivos con dificultades de inserción social y laboral.

En términos generales, al Consejo le merece una valoración positiva la iniciativa normativa en tanto que actualiza el sistema de FP, así como los objetivos y fines que persigue la reforma proyectada, sobre todo a la hora de ofrecer a las personas el acceso a una formación profesional de calidad y de permitir a las empresas contar con las personas trabajadoras que se demandan para cubrir los puestos de trabajo. Sin embargo, estima que el procedimiento de consulta seguido no es adecuado.

Sea como fuere, el Consejo perciba el texto del Anteproyecto como un punto de partida prometedor para una actualización del sistema de FP que sea capaz de responder a los importantes retos que marcan las transiciones digital y ecológica, y de contribuir a la recuperación económica post-Covid, además de generar sinergias dentro de una palanca de transformación como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Financiación del sistema

El Anteproyecto viene a culminar las políticas de impulso y modernización de la FP que se han venido acometiendo en los últimos años dirigidas a actualizar y transformar el sistema de FP. En este sentido, dada la ambición de la norma propuesta, el CES entiende que debería garantizarse una financiación suficiente y estable que permita el logro de los objetivos y fines establecidos en la misma. Además, la articulación adecuada del esquema de financiación debería asegurar el desarrollo y mantenimiento del nuevo sistema a medio y largo plazo, dando respuesta a una demanda de inversión suficiente para hacer frente a los retos de adaptación contemplados en la norma.

Integrar la FP en un sistema único

En cuanto a la integración de la FP en un sistema único, el Consejo piensa que se trata de un objetivo tan ambicioso y complejo como necesario, que dista aún de conseguirse con la actual redacción del Anteproyecto.

Y puntualiza que esta cuestión central del Anteproyecto es uno de los elementos clave de debate que se está abordando actualmente en la Mesa de Diálogo Social, pudiendo dar lugar a una modificación sustancial de las previsiones contenidas en el texto.

Sistema nacional de prospección

La reforma del sistema busca un mayor equilibrio y ajuste entre la oferta y la demanda laboral para crear más y mejor empleo, para lo que el Consejo plantea un sistema nacional coordinado de prospección de las necesidades que demandan las empresas y otros entornos productivos, y su articulación con las ofertas de formación, las cuales requieren, a su vez, de mecanismos de actualización curricular ágiles.

Por otra parte, a juicio del CES, el tratamiento de la igualdad de oportunidades de la formación profesional que se realiza en el Anteproyecto resulta insuficiente y fragmentado, siendo necesario que se dote a la norma de un enfoque integral, que recoja las obligaciones en materia de educación inclusiva y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema nacional de formación profesional.

En paralelo, el CES valora positivamente que el Anteproyecto reconozca a los interlocutores sociales como actores relevantes para la transformación global del sistema, pero considera que debería dotarse de mayor coherencia al articulado referido a su papel en la gobernanza, especificándose de manera clara que cuentan con potestad decisoria tanto en su diseño como en su gestión y seguimiento.

En el momento de recibirse en el Consejo la solicitud de este Dictamen, la reforma proyectada estaba en negociación en la Mesa tripartita de diálogo social para la formación profesional, en la que se están abordando numerosos aspectos de calado. Esta circunstancia puede determinar que el texto del Anteproyecto sometido a dictamen del CES no sea definitivo, lo que, de producirse, limitaría el ejercicio pleno de las competencias consultivas y de participación de este Órgano, que, además, no puede ni debe condicionar la dinámica del diálogo social autónomo que se está desarrollando entre el Gobierno (a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional) y los interlocutores sociales.

De ahí que el Consejo critique el tratamiento que se le ha dado como un organismo más en el proceso de consulta pública y considere pertinente pronunciarse en este Dictamen únicamente acerca de las líneas generales de la reforma del sistema de la FP que se proyecta, mediante observaciones asimismo de carácter general, sin que proceda entrar a valorar cuestiones más concretas, aunque no menos importantes, contenidas en el articulado del Anteproyecto.

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